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EDITORIAL
GLIFOSATO Vs. PARQUES NATURALES
Roberto Jesús Camargo Payares
Director Revista Publiensayos.
El ambiente sano es un derecho de todos los ciudadanos del mundo;
hace parte de los reconocidos por la técnica constitucional como
derechos sociales o de 3ra generación; está consagrado en el
ordenamiento internacional y nacional como tal: En la Conferencia de
las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992 se manifestó
la preocupación por la protección del Medio ambiente y se decidió
establecer la protección especial a los parques naturales como
patrimonio de la humanidad; por otra parte, el Estado colombiano lo
elevó a rango constitucional en 1991 dada nuestra riqueza natural
(2º país mas rico en biodiversidad).
Como todo país en conflicto, Colombia debe conciliar los derechos en
general con la consecución de la paz; sin embargo, no priorizarlos
institucionalmente conlleva a otorgarle otra razón más a los grupos
insurgentes para considerar, erradamente, su postura política y
estrategia económica justificadas. Por el contrario, cumplir a
cabalidad las obligaciones del Estado desvirtúa toda base violenta
de revolución y elimina argumentos fundamentalistas.
A finales de abril en el país se evidenció la búsqueda de un asidero
“científico” para flagrantemente conculcarle a los colombianos y la
humanidad ese derecho social a un ambiente sano, instrumentado a
través de un estudio elaborado por la OEA y patrocinado, en parte,
por los Estados Unidos, acerca de los efectos del glifosato en la
salud humana y el medio ambiente, como lo pone de manifiesto la
réplica a dicha “investigación”.
Los resultados de la OEA/CICAD revelan que este herbicida no afecta
la salud humana ni el entorno ambiental, conclusión que el Instituto
de Estudios Ambientales –IDEA- de la Universidad Nacional, dirigido
por Tomás León Sicard, Agrólogo, M.Sc. en Ciencias Ambientales y
Doctor en Tecnología Agroambiental, destruye con contundencia.
Básicamente podemos mencionar cuatro de los argumentos por medio de
los cuales el IDEA no comparte los resultados de la investigación:
1. Errores metodológicos que yerran con los principios básicos de la
técnica investigativa. Además, “buscaron efectos donde posiblemente
no los había o en donde era de esperar riesgos mínimos”.
2. A pesar de que aceptan no haber realizado comprobación de campo
manifiesta que los porcentajes de depósitos fuera del objetivo, es
decir, la cantidad de veneno que caerá fuera de los cultivos
ilícitos, oscila entre el 0.25% y el 0.48%, por lo que concluye que
es pequeño si se compara con la superficie colombiana. Sin embargo
ese mismo argumento justificaría la no aspersión si comparamos ésta
con las hectáreas cultivadas de coca.
3. Desconoce las 8.000 quejas hechas ante la Defensoría del pueblo,
de las cuales 87% corresponde a daños en la vegetación, el 6.9% a la
salud humana, y el resto a animales y cuerpos de agua.
4. Se excluyen del estudio aspectos sociales, económicos y
políticos, que desde hace mas de treinta años se reconocen dentro de
la dimensión ambiental.
En definitiva el tema cubre una importancia excepcional que requiere
ser abordado plenamente desde todas las perspectivas posibles, y no
amañando argumentos, vinculando a la comunidad internacional y a
todos los actores sociales, económicos, políticos y científicos.
Sólo una solución así puede cumplir con los derechos sociales y al
mismo tiempo lograr una salida acorde con el desarrollo económico
sostenible, el ordenamiento jurídico internacional e interno, y la
consecución de la paz.¢
Los invito a echarle un vistazo a este reportaje
hecho por El Heraldo en junio de 2000:
http://www.elheraldo.com.co/revistas/regional/00-06-22/noti3.htm
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